Como el Holocausto en Alemania, la Guerra Civil española
y la dictadura franquista forman un pasado que no acaba de
pasar, que ha dejado heridas que aún están muy
presentes en nuestra sociedad. En los últimos años,
la Guerra Civil ha creado un impacto mediático y un
enorme debate público que atañe a casi todos
los ámbitos relacionados con el estudio, divulgación
y uso público del pasado.
La
historiografía, el asociacionismo civil, los partidos
políticos y, sobre todo, los medios de comunicación,
se han involucrado totalmente en un debate que gira en torno
a la llamada “recuperación” de la memoria
histórica de las víctimas de la represión
franquista. Sin embargo, este debate público gira,
fundamentalmente, en torno al “futuro” de la memoria,
como una forma de instrumentalizar el pasado. Esta situación
de “saturación” del espacio público
se da en casi todos los países (Alemania, Francia,
Gran Bretaña, Italia, Argentina, etc.): la memoria
colectiva invade regularmente el presente, los espacios públicos
y los ámbitos de decisión política, con
el ánimo de “revisar”.
España,
como el resto de Europa, no es ajena a este proceso: está
sumida en esta consagración de la memoria. Pero este
proceso tiene dos consecuencias: la globalización de
la memoria y la homogeneización del pasado, por un
lado, y la revalorización de la experiencia del sufrimiento
como forma de identificación moral con el presente,
por otro.
Analizar
los usos públicos que tiene actualmente la memoria
de los vencidos en la Guerra Civil pasa por enfrentarse a
dos problemas relacionados: la rememoración del pasado
como un intento de entender ese pasado, y la conmemoración
como la adaptación del pasado a las necesidades que
se plantean en la actualidad.
Durante
décadas, los valores de los perdedores de la guerra
quedaron excluidos de cualquier tipo de imaginario colectivo,
de la conmemoración y la representación del
pasado. Su memoria fue proscrita al ámbito individual
y familiar. Por eso, la construcción a posteriori de
la identidad propia y la explicación del pasado, a
través de la sociedad, ha asumido la apariencia de
una “reivindicación” de ese pasado, o de
la recuperación de la memoria histórica. Javier
Rodrigo ha señalado que “la dictadura franquista
intentó llevar a cabo lo que Primo Levi conceptualizó
como ‘memoricidio’, impuesto a sus vencidos mediante
la más férrea propaganda autolegitimadora, y
mediante una suerte de cultura del miedo y el silencio”.
Durante
la tan traída y llevada “transición democrática”
española, ningún sector social o político
asumió la carencia de políticas de construcción
de la memoria como una pérdida irremediable. Por el
contrario, se decidió no pasar cuentas del pasado.
En otras democracias, como la alemana, francesa o italiana,
el fenómeno del antifascismo sirvió como paradigma
fundacional de las nuevas identidades nacionales, mientras
que en España ese papel lo asumía el fenómeno
de la superación del pasado. Esta construcción
mitológica sobre la base de un pasado como punto de
partida de un sistema democrático ha implicado un elevado
nivel de conservación de la narración histórica
oficial a través, entre otras cosas, del mantenimiento
de los “sitios de la memoria”, pero no sólo
como elementos físicos, sino a través de todo
el aparato simbólico que han ayudado a construir.
Sin
embargo, en nuestro país el antifascismo no fue un
aglutinador político ni una fuente de legitimidad,
debido a la dura represión ejercida por el régimen
franquista. El mito fundacional de España fue la transición
democrática, desarrollada mediante una renuncia al
referente simbólico que suponía la Segunda República
como primera experiencia de pluralismo democrático,
para trabajar a favor de la estabilidad del país. Así
se asentaron las bases de la nueva identidad nacional española
de la democracia, basada en el intento de superación
de la Guerra Civil, a través del mito de la reconciliación,
elementos que influyeron poderosamente en la ausencia de una
política de la memoria. Las reivindicaciones de los
sectores que perdieron la guerra no fueron de especial interés
para los sectores políticos que guiaron el curso institucional
de la democratización del país.
Los
mitos fundadores de la democracia posfranquista fueron la
reconciliación, la transición y la amnistía.
Pero también fueron las premisas de la ley que más
fuertemente determinaría nuestra actualidad: la Ley
de Amnistía, de octubre de 1977, debatido hasta la
actualidad como el configurador de las políticas referidas
a la historia de la democracia.
La
falta de interés conmemorativo, el proceso de transición,
la amnistía, etc., todo ello provocó que no
hubiese ningún tipo de política de homenaje
o reparación de las víctimas republicanas de
la guerra o los represaliados del régimen franquista.
Tampoco se produjo un debate político sobre las responsabilidades
de los dirigentes y colaboradores de la dictadura. Esto llevó
a una política de la memoria dirigida al olvido voluntario,
en lugar de hacia la creación del prototipo de rehabilitación
y reposición de los vencidos.
Esta
carencia de políticas de la memoria ha provocado que
sea la generación de los nietos de la guerra la que
haga retroceder la vista para reivindicar esa historia oscura,
el “pasado oculto” sobre el que los libros y las
investigaciones históricas se han centrado, pero que
no ha terminado de formar parte de una percepción colectiva
sobre el pasado, sobre todo a causa de esa carencia.
En
nuestro país, la “recuperación de la memoria”
es un fenómeno del presente, que se ha desarrollado
ante el inminente final del recuerdo directo de la Guerra
Civil. Ahora se ha planteado la batalla por la conquista del
futuro de la memoria, por establecer cuál será
la visión común sobre la guerra, sus vencedores
y sus vencidos. El cambio generacional, el cuestionamiento
del pasado reciente y la nueva percepción de la Guerra
Civil han situado este período y a las víctimas
del franquismo en el primer plano público. La reivindicación
de la memoria, convertida en un elemento de actualidad, en
movilización social, ha pasado del ámbito estrictamente
familiar y local a otro a escala nacional. El pasado no acaba
de pasar.
Esta
explosión del proceso memorialístico, el deseo
de rescatar para nuestro presente los valores y vivencias
de los vencidos de la Guerra Civil, lleva internamente el
riesgo de que todo acabe convirtiéndose en un objeto
de consumo cotidiano, un culto de masas, y que pierda así
gran parte de su esencia.
Pero
existe otro peligro, como es la apropiación y monopolio
de la memoria para un interés político actual,
su institucionalización, del que no están exentos
ni los propios agentes de la memoria ni las diferentes administraciones
implicadas en su recuperación. También debe
enfrentarse a la creación de estereotipos, a la propagación
acrítica de contenidos que pueden empañar el
conocimiento histórico, tanto como los mitos y memorias
colectivas a las que intenta hacer frente. La línea
que separa esta instrumentalización y la manipulación
es, muchas veces, demasiado sutil, pero es una muestra del
incremento del uso público del pasado al que asistimos
en la actualidad, difundido por los medios de comunicación.
La
escasez de políticas de la memoria es el elemento esencial
para entender que actualmente exista una demanda generalizada
de recuerdo colectivo y conmemoración. Sin embargo,
la percepción social del pasado no es neutra, sino
que se trata de un objeto excesivamente manipulable a la instrumentación
por motivos políticos, porque se puede hacer política
del presente utilizando el pasado, pero que no debe confundirse
con las políticas de la memoria.
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