El tema de la memoria histórica está pasando,
en nuestra sociedad, por un período de éxito:
estamos asistiendo a un momento de auténtica fascinación
con la memoria. Conceptos como la “recuperación”
de la memoria y la relación entre la memoria y la historia
se han convertido en tópicos populares, aunque se trata
de un debate que, en la mayoría de los casos, adolece
de reflexión y de escrupulosidad a la hora de aplicar
determinados conceptos.
Ya
hemos señalado que la “memoria histórica”
es un producto derivado de la construcción, más
que un resultado de la propia “recuperación”
de la misma. Por eso es más apropiado utilizar conceptos
como “memoria colectiva” o “memoria social”,
frente al concepto de “memoria individual”. Además,
si nos vamos a referir a la memoria global de una sociedad,
como conjunto, y no a la de un grupo concreto, más
o menos reducido, el concepto de “memoria histórica”
queda en un paso en falso, frente a la “memoria social”.
Esta memoria social es una construcción cultural que
requiere un notable proceso de elaboración por parte
del conjunto social que describe.
Para
asumir el pasado hay que educar en los valores democráticos
y perseguir la intransigencia, incluyendo la eliminación
de los monumentos y conmemoraciones a los represores y la
prohibición de cualquier otra apología. Para
generar esta nueva cultura política popular cívica,
es necesario un esfuerzo conjunto entre los historiadores,
profesores, políticos y medios de comunicación.
Actualmente,
la reconstrucción de la memoria histórica se
da en tres fases diferenciadas. En primer lugar, una reconstrucción
subjetiva, a partir de los testimonios de aquellos que vivieron
esas experiencias en su propia piel; en segundo lugar, una
reconstrucción objetiva, desde las universidades y
centros de investigación. Finalmente, una reconstrucción
jurídica, que pasaría por la anulación
de todos los expedientes de los consejos de guerra del período
franquista y la rehabilitación de sus víctimas.
Los
vencedores de la Guerra Civil y sus herederos políticos
vivieron con normalidad el olvido historiográfico de
los años 1980-1990, y algunos sectores llegaron a defender
que era necesario que el pasado quedase así. Pero las
memorias individuales de los derrotados, de los resistentes
antifranquistas, se opusieron a ese olvido y sus memorias,
tanto individuales como colectivas, quedaron a disposición
de los historiadores.
Con
el inicio de la reconstrucción de la memoria histórica,
se dio una reacción por parte de los sectores más
conservadores (periodistas, políticos, historiadores,
etc.) que se opusieron fuertemente a esta experiencia.
Públicamente,
parece que aún no se ha hecho mucho por la reconstrucción
de esta memoria histórica, porque los vencidos no tuvieron
espacio para el mantenimiento de esa memoria, mientras que
los vencedores tenían calles, paseos, monumentos con
sus nombres, al mismo tiempo que la Iglesia católica
retomaba un proceso de beatificación de sus propios
mártires.
Pero
la recuperación de la memoria histórica tendría
que estar relacionada con una cultura popular cívica
que durante muchos años no hemos podido tener (en principio,
desde los años 1930). Esto nos ayudará a asumir
el pasado, educando en los valores democráticos (evitando
las apologías del golpismo y del militarismo), persiguiendo
la intransigencia y recuperando la memoria histórica
también de los vencidos.
La
única forma de conseguirlo es la coordinación
entre los historiadores, maestros, profesores de secundaria,
políticos y medios de comunicación.
En
la actualidad hay varias iniciativas institucionales en marcha:
subvenciones para proyectos de recuperación de la memoria
histórica, un convenio con el ejército para
informatizar y hacer públicos los expedientes de los
consejos de guerra, un censo de catalanes que pasaron por
los campos de concentración nazis, un trabajo de señalización
de lugares emblemáticos, etc.
Hay
cuatro elementos que han permitido mantener la recuperación
de la memoria histórica. En primer lugar, el fuerte
movimiento asociacionista y de grupos de interesados en este
tema, que están actuando en Catalunya desde hace tiempo.
En segundo lugar, ha tenido una gran importancia la aparición
de investigaciones históricas de nueva orientación
ideológica. En tercer lugar, destaca el papel de los
medios de comunicación en este debate, especialmente
de la televisión autonómica de Catalunya, que
ha apoyado notablemente la extensión de la investigación
de la memoria. Finalmente, el revulsivo que supuso el intento
de los gobiernos del PP de eliminar o “reescribir”
la historia, desde un punto de vista franquista.
También
hay tres cuestiones importantes sobre las razones por las
que debemos hacer políticas públicas de recuperación
de la memoria. La justicia del reconocimiento moral y ético
de todos aquellos que defendieron los valores democráticos,
porque olvidar a estas personas es volver a matarlas. Además,
la situación actual no es la misma que en los años
1930-1940, pero hay que recordar que aún hay grupos
de extrema derecha vivos y empeñados en recordar ese
pasado. La recuperación de la memoria histórica
pasa por el mantenimiento y vigencia de los valores democráticos
en la sociedad actual.
El
proceso iniciado en España hace algunos años
no es el de la recuperación de la memoria histórica,
porque una gran parte de la sociedad no la perdió nunca.
El proceso que se está dando es que los historiadores,
los medios de comunicación y los círculos políticos
están prestando nueva atención a esas memorias
nunca perdidas. La investigación, el conocimiento de
esos episodios, fenómenos, personas, hasta hace poco
excluidos de la memoria histórica, están ingresando,
poco a poco, en la historia. No se trata de un cambio en las
memorias, sino en la actitud de los historiadores, políticos
y periodistas, pero también de la sociedad, hacia un
pasado que había quedado relegado en beneficio de la
“transición democrática”. Es un
cambio en la actitud ideológica con que se contempla,
se analiza, ese período histórico, incluyendo
la propia transición.
La
mistificación de la transición democrática
ha tenido como principal consecuencia que el olvido historiográfico
y mediático del franquismo, la Guerra Civil y la República,
entre 1975 y mediados de los años 1990, sea la otra
cara de la leyenda de la transición.
Cuando
en 2002 se produjo finalmente la condena explícita
de la dictadura franquista y la Guerra Civil, junto al reconocimiento
moral de las víctimas de ambos períodos, todo
parecía conllevar una normalización de la recuperación
de la memoria de la restitución. Pero el precio de
esta condena fue muy alto: se buscaba zanjar la cuestión
y no proceder a nuevas revisiones en el ámbito político,
y se ensalzaba la transición como un proceso político
casi perfecto.
Este
proceso debería haber llevado a la creación
de una política pública de la memoria, basada
en la combinación de tres elementos. El primero sería
el objetivo de asumir como patrimonio de la nación
los esfuerzos que han permitido establecer los valores que
vertebran las pautas de convivencia democrática de
nuestra sociedad, garantizando la preservación del
patrimonio. El segundo sería un programa que garantizase
las actuaciones destinadas a difundir ese patrimonio, estimulando
en los ciudadanos el interés por conocerlo y aplicarlo
a las necesidades del presente. Finalmente, un instrumento,
una institución que garantice la ejecución de
este programa en la sociedad.
La
Ley de recuperación de la memoria histórica,
votada el 27 de abril de 2006, establece que la República
fue “el primer régimen realmente democrático
de nuestra historia (…), antecedente directo del actual
Estado social y democrático de Derecho y del Sistema
autonómico establecido por la Constitución de
1978”. También se encarga del reconocimiento
moral de todos los que “padecieron la represión
de la dictadura franquista”.
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