Aunque los judíos indudablemente sufrieron
la parte principal de las políticas nazis
de destrucción, otros grupos sufrieron
esa persecución: gitanos, homosexuales,
disminuidos físicos y psíquicos,
criminales habituales, asociales, “vagos”,
sin techo, eslavos, etc. Todos estos grupos
fueron sujetos a diversas formas y proporciones
de persecución, arresto, maltratos en
los campos de concentración, esterilización
y asesinato.
Durante el Tercer Reich, el programa ideológico
racial se convirtió en el dogma político
oficial del Estado. El régimen se esforzó
por eliminar la organización social existente:
aunque había clases sociales, se transformó
en una estructura racialmente organizada. Las
medidas afectaban al conjunto de la sociedad.
Los nacionalsocialistas querían eliminar
de la sociedad a todas aquellas personas cuyo
modo de vida no pudiera adaptarse a los preceptos
de su ideología. Esta ideología
tenía dos vertientes claramente reconocibles.
Por un lado, la negativa de exclusión,
persecución y aniquilamiento de aquellos
que no lograban adaptarse a la nueva situación.
Por otro, los aspectos “positivos”
(con todas las precauciones que el término
necesita), se basaban en una serie de normativas
cuyo objetivo era la “mejora” racial
de la sociedad. Éstas eran parte de un
proceso continuo que se inició a partir
de la introducción de las primeras medidas
contra los judíos. Por tanto, es imposible
analizar el tema de la política racial
de forma aislada refiriéndose exclusivamente
a los judíos.
Para lograr esta perfección de la “raza”,
comenzó un proceso de movilización
masiva de la nación, sobre aspectos tales
como la eliminación de determinados elementos
que perturbaban la paz o no supieron adaptarse
a los valores establecidos, pero también
aquellos que no quedaban incluidos entre los
alemanes “racialmente puros”. En
esta retórica, la compasión por
los “enemigos” era vista como una
debilidad, un vicio, mientras que la intolerancia
y el fanatismo se transformaban en una virtud.
No podemos entender este proceso sin tener en
cuenta la situación anterior a 1933.
El historiador R. J. Evans ha demostrado que
muchos de los grupos perseguidos habían
sido víctimas de este tipo de políticas
durante generaciones. Las concepciones excluyentes
nacionalsocialistas estaban construidas sobre
unas teorías pseudos-científicas
y unas tradiciones sociales que fueron perfectamente
explotadas y aprovechadas, pero que procedían
de períodos anteriores.
También es necesario, para comprender
el funcionamiento de la concepción racista,
comprender qué era la Comunidad Nacional,
el organismo ideado por el régimen que
había de regir todas las relaciones sociales
del Tercer Reich. La redefinición de
la política se basaba en una forma total
y completa que abarcaba todos los niveles de
la vida social, donde el Estado era un agente
del conjunto de la raza, que determinaba sus
acciones. Por eso, la Ley sólo tenía
un propósito: reforzar al pueblo como
una Nación, una comunidad nacional completa.
Todos los aspectos sociales estaban sometidos
a una corriente de pensamiento que sólo
buscaba esa unidad total. El Führer, como
el representante de la comunidad, es también
el origen último de la voluntad del Estado.
Los derechos civiles fueron limitados por los
intereses del conjunto de la comunidad y no
estaban protegidos por la ley o el Estado.
Obviamente, no todos los grupos considerados
como “extraños” a la comunidad
o asociales debían ser perseguidos por
igual. Los judíos, el grupo racial que
se consideraba como la mayor amenaza, constituían
las víctimas que más intensa y
brutalmente fueron perseguidos. En mi opinión,
podemos apreciar que la persecución tuvo
diferencias específicas: aunque todos
los grupos fueron perseguidos por los mismos
motivos, el grado de persecución vino
marcado por el grado de “amenaza”
con el que el régimen percibía
a esos grupos.
El principal objeto de la política social
consistía en la creación de un
orden basado en la jerarquía racial.
Todo lo demás estaba subordinado a esta
meta, incluyendo la actitud del régimen
en temas de asuntos exteriores y hacia la guerra.
Podemos afirmar, por tanto, que el Tercer Reich
no fue una sociedad racista, sino que intentó
desarrollarse como una sociedad racial, basada
en una jerarquía de valores raciales
propia. Su ideal de futuro no era un mundo con
una raza única, sino con menos razas,
sin enfermos y sin aquellos que no debían
formar parte de la comunidad. Y con una raza
dominante que debía ejercer el poder
sobre el resto.
Para conseguir este propósito, el régimen
debía encontrar la forma de cumplir sus
objetivos. Las pretensiones “legalistas”
de muchos dirigentes obligaron a la creación
de un nuevo cuerpo legislativo que acompañase
al proceso de eliminación de la vida
social alemana, ya que el régimen debía
distinguir entre las medidas que debían
adoptarse contra las denominadas “razas
alienas” y los “elementos de menor
valor racial”. Inicialmente, los miembros
de las “razas alienas” sólo
fueron sometidos a discriminación, pérdida
de derechos civiles y progresiva ruina económica.
Los calificados como de “menor valor racial”
fueron inmediatamente sometidos a diferentes
formas de represión física y psicológica:
se aplicó una serie de “medidas
negativas” que iban desde el aborto obligatorio,
castración, esterilización, hasta
su internamiento en campos de concentración
y eliminación física.
Una de las bases legales para esto fue la “Ley
para la prevención de la descendencia
hereditaria enferma”, del 14 de julio
de 1933. Esta Ley permitía la esterilización
forzosa de personas que sufrían enfermedades
hereditarias o alcoholismo crónico. La
normativa estipulaba que, aunque las solicitudes
de esterilización podían hacerlas
los enfermos voluntariamente, también
los tutores legales, médicos y autoridades
públicas la podían solicitar si
lo consideraban necesario. Las decisiones eran
tomadas por el Tribunal de Salud Hereditaria,
cuyos veredictos sólo podían apelarse
ante el Tribunal Superior de Salud Hereditaria;
si la apelación fallaba, debía
llevarse a cabo la esterilización. Durante
el transcurso del Tercer Reich, se produjo un
gran número de intervenciones basadas
en estos supuestos, pero muchas de las personas
esterilizadas no eran enfermas hereditarias,
en todo el sentido de la ley, sino que pertenecían
a colectivos que habían sido calificados
como asociales.
En junio de 1935 entró en vigor un decreto
de modificación de esta ley que marcó
una notable radicalización: se establecía
la posibilidad de ordenar el aborto obligatorio,
incluso hasta los seis meses de embarazo. Siguiendo
esta tendencia, en octubre de 1935 se aprobaba
la “Ley para la protección de la
salud hereditaria del Pueblo alemán”,
como una forma de registrar y excluir más
efectivamente a las “razas alienas”
y a los “miembros de menor valor racial”.
Establecía como obligatoria la posesión
de un certificado de “idoneidad”
racial para contraer matrimonio, que sería
proporcionado por las autoridades, que podían
rechazar un permiso para aquellas personas que
sufriesen algún tipo de enfermedad hereditaria
o contagiosa, sobre todo las de transmisión
sexual. La aplicación de esta norma permitía
registrar y seleccionar al conjunto de la población,
siguiendo unos criterios específicos.
También la “Ley contra criminales
habituales peligrosos”, de noviembre de
1933, era un primer paso en esta dirección,
porque permitía la detención y
castración de ciertos tipos de criminales.
En 1937 se introdujeron medidas similares cuando
se preparó la legislación contra
los delincuentes juveniles: un examen biológico-racial
determinaba la duración y condiciones
de la sentencia; esta práctica pasó
a ser aplicada, posteriormente, a los adultos.
Se creó en todo el Reich un gran número
de centros de investigación “biológica-criminal-racial”
que intentaban establecer unos parámetros
raciales a la delincuencia, que luego debían
ser aplicados por los tribunales.
Todas estas medidas crearon una base pseudo-legal
que permitió la adopción de medidas
cada vez más radicales, llegando al exterminio.
Si no se promulgaron nuevas leyes raciales fue
por diversas razones. En primer lugar, la normativa
establecida hasta aquellos momentos había
sido formulada tan flexible y abiertamente que
podía ser aplicada a otros grupos de
excluidos sociales, sin necesidad de crear una
legislación específica: bastaba
con ampliar el concepto de asocial. En segundo
lugar, las autoridades no consideraban oportuno
advertir de sus intenciones mediante la promulgación
de normas legislativas formales. Además,
legislar hubiera hecho necesario introducir
un cierto “orden” en el caos provocado
por las luchas de competencias entre diferentes
sectores encargados de aplicar la política
racial del régimen. Finalmente, la constante
radicalización hizo innecesaria la aparición
de nuevas normas legales, porque el total aislamiento
al que se sometía a los excluidos permitía
su eliminación sin ningún tipo
de traba social o política.
|
