Desde el punto de vista ideológico, el
término Asozial y el comportamiento criminal
no estaban determinados por la elección
del individuo ni el entorno social, sino que
era genéticamente innato y hereditario.
Por eso, las “características criminales”
debían ser permanentemente eliminadas
de la Comunidad Nacional; pero aún más
importante era eliminar la capacidad de reproducción
de esos grupos: sólo de este modo sería
posible mantener la pureza y la moralidad de
la raza.
La definición de los asociales reflejaba,
en muchos aspectos, la opinión popular
sobre estos grupos y reforzaban este concepto
entre la población. La terminología
tenía un considerable impacto porque
reforzaba la imagen popular de esos grupos:
una persona que se beneficiaba de la asistencia
social era un “parásito”,
un desempleado era un “vago”, los
sin techo eran “portadores de enfermedades
sexuales infecciosas”, etc. Además,
la reacción de la población proporcionaba
una cierta legitimidad al modo en que serían
tratados y discriminados. Todos esos aspectos
negativos eran enfrentados con las virtudes
representadas por los miembros productivos de
la Comunidad Nacional. La inferioridad de los
asociales quedaba de manifiesto en cualquier
actividad que intentasen llevar a cabo.
La política de supresión de los
“socialmente inferiores” requería
una cierta justificación que fue proporcionada
por los expertos que legitimaron las prácticas
de higiene racial, que consiguieron que la población
creyese que eran acciones moral y racionalmente
necesarias para beneficiar a la Comunidad. Las
familias asociales, con su elevada capacidad
reproductiva, representaban un peligro para
el Volk: se casaban antes y tenían muchos
más hijos que los alemanes. Por eso,
los “clanes asociales” representaban
un peligro moderado en el presente, pero eran
una seria amenaza para el futuro.
La mayoría de la población se
mantuvo indiferente al destino de los asociales
y, en muchos casos, estaban de acuerdo con las
políticas emprendidas contra esos grupos,
porque limpiaban drásticamente las calles.
Por eso, no es extraño que la población
alemana viese con buenos ojos las acciones contra
los asociales de la policía.
En septiembre de 1933 se llevó a cabo
la primera campaña, en la que más
de 10.000 mendigos y vagos fueron puestos en
custodia preventiva, aunque la mayoría
fue liberada a los pocos días, porque
el sistema de prisiones no podía absorberlos.
El consenso social establecido entre la población
y el régimen provocó que, a partir
de 1934, estas medidas se fuesen endureciendo.
Tras el nombramiento de Heinrich Himmler como
Jefe de la Policía alemana, en junio
de 1936, estas políticas se radicalizaron
aún más, ya que su intención
era trasladar las responsabilidades de la solución
de la “cuestión asocial”
desde los tribunales hasta la policía
política. En febrero de 1937, más
de 2.000 criminales profesionales, habituales
y sexuales fueron detenidos y enviados a campos
de concentración, como mano de obra esclava.
También se iniciaron diversos programas
para hacerse cargo de estos grupos, promoviendo
algunos experimentos de “ingeniería
social” (como una “colonia de asociales”,
cerca de Hamburgo), para ver si podían
socializar a estos grupos y adaptarlos a las
necesidades de la comunidad nacional. Estos
experimentos permitirían también
comprobar si la “asociabilidad”,
como otras enfermedades sociales, era hereditaria.
El fracaso de estos experimentos llevó
a otras medidas, de carácter mucho más
expeditivo, como las acciones policiales contra
mendigos, vagos o personas sin techo.
En abril de 1938, la Gestapo fue encargada de
llevar a cabo una gran oleada de arrestos, con
información proporcionada, por las oficinas
de empleo locales; la mayoría de los
arrestados fueron interrogados o enviados al
campo de Buchenwald. En junio de ese mismo año,
la dirección de la Policía Criminal
aplicó sus propias medidas de detención:
Reinhard Heydrich, como jefe de la Gestapo,
ordenó que cada distrito debía
cumplir una cuota mensual de, al menos, 200
arrestos de asociales, que debían ser
enviados a campos de trabajo (Sachsenhausen,
Buchenwald, Dachau y Mauthausen); sólo
debía arrestarse a hombres capaces de
trabajar.
Sin embargo, las acciones superaron todas las
expectativas: únicamente en Viena, el
13 de junio de 1938, la policía detuvo
a más de 500 personas. En septiembre
de 1938, se ordenó una gran razzia nacional
para eliminar la “plaga de los mendigos”.
Para conseguir un cierto nivel de apoyo popular,
se animó a los ciudadanos a que participasen,
guardando sus donativos para las obras de caridad
organizadas por el Partido, y se inició
una campaña de propaganda que señalaba
que Alemania era demasiado pobre para poder
permitirse sostener a estos grupos.
Después de la campaña de 1938
se produjo una fuerte tendencia a la preparación
de una nueva legislación destinada contra
los asociales que no podían ser incluidos
en la “Ley para la prevención de
las enfermedades hereditarias”. La primera
redacción apareció a mediados
de 1940, aunque la redacción definitiva
no llegó hasta 1944.
La ambigüedad que el régimen usó
para la definición del concepto de asocial,
tal como aparecía en los textos legales,
se utilizó para dejar en manos de la
policía un poder discrecional que le
facilitase cualquier tipo de actuación.
También es importante la gran variedad
de términos que se incluían dentro
de la definición de “extraños
a la comunidad”, porque permitía
ampliar cada vez más el concepto. Gisela
Bock, por ejemplo, ofrece más de cuarenta
términos del alemán que podían
incluirse dentro de esa definición. Aún
más indeterminado era el concepto de
“incapaz para la comunidad”, que
comenzó a aplicarse en 1941.
Lo que buscó y consiguió el régimen,
a la hora de solucionar el Asozialenproblem
fue sustituir la tradicional política
de beneficencia, de asistencia social, por una
política de eliminación física
y esterilización, para evitar lo que
consideraban la principal causa de la asociabilidad:
su transmisión hereditaria.
Pero el problema asocial no era sólo
un problema racial, sino también económico.
Interesaba reducir los gastos sociales, para
dedicar esos recursos a otras tareas más
urgentes para el régimen, como el rearme,
la construcción, el fomento de la producción
industrial, etc. En esta situación quedaba
claro que había que eliminar aquella
parte de la población, incluso de sangre
alemana, que por su forma de vida era inútil
como mano de obra. Es decir, aquellas personas
que, por un motivo o por otro, eran volksschädlich
(dañino para el pueblo).
A partir de 1941, la pena de muerte pasó
a ser aplicable a los crímenes cometidos
por delincuentes habituales y sexuales: era
asumida por el estamento legal como un tratamiento
adecuado para estos delincuentes, más
que el confinamiento indefinido o el internamiento
en un campo de concentración. Esta medida
sólo se aplicó a aquellos criminales
que fueron condenados desde esos momentos, mientras
que los ya internados siguieron en los campos
de concentración.
En octubre de 1942 había más de
7.600 detenidos en “confinamiento de seguridad”,
y aproximadamente 5.800 personas más
en diferentes centros de detención. En
la primavera de 1943, aproximadamente dos tercios
de los detenidos (8.813) fueron trasladados
a diferentes campos de concentración
para ser aniquilados por el trabajo: algunas
mujeres fueron enviadas a Ravensbrück,
pero la mayoría de los detenidos pasaron
a Mauthausen. Hacia febrero de 1944, 7.736 de
los 10.231 antiguos detenidos que habían
sido transportados a ese campo habían
sido asesinados. |
