Fue la ideología nacionalsocialista, su interpretación
de los deseos de gran parte de la población, el elemento
principal para decidir el sector social sobre el que sería
más ventajoso actuar. La opinión pública
era un factor importante, porque muchos de los objetivos del
nuevo régimen eran sectores que durante muchos años
se habían considerado “casos problemáticos”.
Un elemento de gran importancia fue el papel crecientemente
radicalizado de las teorías sobre los criminales
habituales, provocada por la sensación de
“ley y orden” que el régimen quería
presentar ante la población. Por eso, desde mediados
de 1933, al mismo tiempo que se introdujeron las medidas contra
los judíos, también aparecieron las primeras
medidas contra los criminales. N. Wachsmann ha señalado
que esa lucha se inició ya durante la República
de Weimar, cuando criminalistas, funcionarios de prisiones
y policías profesionales expresaron una parte de las
teorías que, posteriormente, serían adoptadas
por el régimen nacionalsocialista. Arrestar a esos
criminales antes que cometiesen un nuevo crimen se acercaba
bastante a sus teorías, pero también era una
demanda popular constante para acabar con la “oleada
criminal” que había azotado el final de la República
de Weimar.
Las prostitutas, convertidas también
en asociales, pasaron a ser un objetivo de las medidas represivas,
aunque se adoptó una postura más ambigua. Por
un lado, vivían fuera de la ley, no tenían un
trabajo “honrado”, afectaban a los valores familiares
y extendían enfermedades venéreas; por eso,
durante la primera fase del Reich, las mujeres vagamente sospechosas
de ejercer la prostitución eran recluidas y las tratadas
por enfermedades venéreas podían ser enviadas
a un campo de concentración. Esta actitud cambió
cuando se aproximó el inicio del conflicto bélico:
comenzó a tolerarse la prostitución, siempre
que se ejerciese dentro de un marco oficialmente controlado,
se crearon elementos de vigilancia de los burdeles, se aplicaban
cargos de comportamiento asocial contra proxenetas y prostitutas
ilegales y se crearon burdeles especiales para la masa de
trabajadores extranjeros que vivían en Alemania.
Un buen número de casos de los archivos de la Gestapo
señalaba que las mujeres involucradas en estos cargos
eran prostitutas a tiempo parcial, que completaban sus ingresos
normales dispensando favores sexuales, fuera del control de
las autoridades. Un crimen especialmente perseguido fue el
comportamiento sexual que traspasase las barreras étnicas
o raciales (con judíos, prisioneros de guerra, trabajadores
extranjeros, etc.). Estas acciones fueron severamente criminalizadas
porque estaban sujetas a las estipulaciones de las Leyes de
Nürnberg de 1935, y se convirtieron en de “deshonra
de la raza”.
Dentro de estos sectores, los gitanos fueron
considerados como un caso especial, ya que estaban más
allá de los conceptos de “alienos raciales”
y de asociales. Eran considerados como una sociedad, que vivía
siguiendo sus propias normas sin adaptarse a las de aquellos
que los acogían: eran desequilibrados, impredecibles,
inquietos, variables, susceptibles y perezosos. Se incluían
todas las personas sin un domicilio o trabajo fijo y aquellos
que llevaban un estilo de vida inmoral. Uno de los peligros
principales era que los gitanos “puros” permanecían
dentro de su comunidad y los “parciales” contraían
matrimonio con personas “decentes”, introduciendo
sus características criminales entre la población.
Los delincuentes sexuales y otros desviados
que tuviesen comportamientos desenfrenados y cometiesen delitos
sexuales sin sentimiento de responsabilidad, debían
ser severamente perseguidos. La promiscuidad y la maternidad
fuera del matrimonio era considerada como un criterio de “asociabilidad”,
en el caso de las mujeres: cuando tenían hijos ilegítimos,
eran consideradas como “sexualmente desordenadas”.
La perversión sexual era una de las características
de los asociales, y por eso se persiguieron todas las formas
de “desviación” sexual. Ese fue el caso
de la homosexualidad, duramente perseguida debido a sus efectos
adversos en las tasas de natalidad de Alemania. La homofobia
dio lugar a la aparición de numerosos artículos
en diarios y revistas, que buscaban concienciar a la población
de la importancia de combatir a los homosexuales, aunque los
prejuicios estaban ya muy arraigados en Alemania y fue introducida
como un crimen en el Código Penal de 1871. A pesar
de que la homosexualidad femenina también “ofendía”
los principios morales e ideológicos del Nacionalsocialismo,
no se llevó a cabo ninguna campaña sistemática
o específica contra ese colectivo, sobre todo porque
no eran consideradas un peligro tan importante para la “supervivencia
de la nación”.
El mensaje racista fue rápidamente asumido por la policía
política como una parte cada vez más importante
de su programa de trabajo, igual que por la sociedad alemana.
Para ello, los principios legales republicanos fueron eliminados,
a favor de la idea de que “ningún acto debe quedar
impune”, si contravenía los dictados del “sano
sentir popular”. Tras la toma del poder, el Nacionalsocialismo
comenzó a esbozar los planes para la persecución
de estas personas. Además, se puso en práctica
una normativa cuyo objetivo era la “mejora” racial,
de la que tanto las razas alienas como los miembros de “menor
valor racial” debían ser excluidos.
Uno de los argumentos de fondo en la investigación
sobre los marginados sociales tiene que ver con el papel desarrollado
por el sistema asistencial durante la República de
Weimar. La distribución de las ayudas a las familias
asociales era un problema considerable para el Nacionalsocialismo:
esos recursos podían ser mejor utilizados entre familias
más adecuadas a los requerimientos de la Comunidad
Nacional o en el esfuerzo de guerra, en lugar de ser despilfarrados
en este colectivo. Estos argumentos tenían un gran
eco entre la población, sobre todo en las grandes ciudades
y zonas industriales, donde el problema de los asociales era
mucho más importante. En muchas ocasiones el impulso
para la persecución procedía de iniciativas
locales, más que del resultado de decisiones de ámbito
nacional. Las investigaciones que han aparecido en los últimos
años han demostrado que el personal asistencial ejerció
una serie de funciones de vigilancia y control, incluso antes
de 1933. La estructura asistencial, constituida por trabajadores
sociales, sanitarios, administrativos, facilitaba informes
sobre determinados grupos, para que la estructura de intervención
fuese efectiva.
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